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Las FARC, al igual que otros grupos armados, utilizan tácticas de guerrilla, como atentados a instituciones del estado o a políticos, extorsión de rescates y control de ciertas zonas del país con repliegues en la selva.

El gobierno apuesta ante todo por combatir la guerrilla militarmente y en 1968 aprueba unaley excepcional con el "derecho a la autodefensa", a raíz de la cual se forman numerosos grupos paramilitares, que matan deliberadamente a (supuestos) partidarios de la guerrilla, hacen desaparecer a activistas de derechos humanos y periodistas y expulsan a pequeños agricultores. Esto se ve reforzado por el establecimiento de las recompensas y la amplia impunidad de las fuerzas de seguridad.

Al mismo tiempo, los Estados Unidos apoyan al gobierno con su operación militar "Plan Colombia", que lucha contra las guerrillas izquierdistas y los cárteles de la droga. Esto reduce el número de muertos y, tras la elección del presidente Álvaro Uribe en 2004, se desarma oficialmente la AUC. Sin embargo, el desarme completo fracasa. Se forman grupos armados ilegales más pequeños que siguen implicados en el narcotráfico y las expulsiones violentas.

El país se caracteriza fuertemente por diferentes tipos de violencia, que se deben, entre otras cosas, a los altos niveles de pobreza, racismo y exclusión social. El acuerdo de paz celebrado en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno pone fin a 52 años de conflicto armado y, en un principio, conlleva una disminución significativa de la violencia relacionada con el conflicto. Desde 2021, los ataques de los grupos armados, incluidos asesinatos, masacres y las expulsiones forzosas masivas, han vuelto a aumentar en muchas zonas remotas de Colombia. En varias regiones del país se producen graves ataques contra la población civil por parte de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos sucesores de los paramilitares. Defensores de los derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas sufren constantes amenazas de muerte y violencia.

En 2022 se vislumbra un cambio, iniciado por el recién elegido presidente Gustavo Petro, de tendencia izquierdista. Ha presentado la "Ley de paz total". Prevé negociaciones de paz con todos los grupos armados (por ejemplo, el ELN).

Desigualdad (explicación con un enfoque económico)

La distribución extremadamente desigual de la propiedad de la tierra se considera una de las causas más importantes de los conflictos. La guerrilla de las FARC y otros grupos se forman con el objetivo de luchar por una reforma agraria que distribuya la tierra de forma más justa para la población campesina. Los grandes terratenientes, por su parte, crean sus propios grupos paramilitares con el apoyo del gobierno para defender sus tierras. Junto con los cárteles de la droga, matan o expulsan a innumerables pequeños agricultores para hacerse con el control de la tierra o conservarlo. A día de hoy, Colombia es el segundo país con mayor desigualdad social de América Latina.

Economía de la droga (explicación con un enfoque económico)

Otra explicación reside en la economía de la droga que ya está completamente establecida. Durante la guerra, los grupos guerrilleros financian su lucha mediante el cultivo, el transporte y el comercio de coca. Esta fuente de ingresos acaba convirtiéndose en un fin en sí misma. Otros cárteles de la droga tienen interés en que continúe el conflicto porque se benefician económicamente de la continua y elevada demanda de drogas de los países del hemisferio norte. Además, la difícil situación económica general y el desempleo en muchos lugares llevan a los jóvenes a la delincuencia. Las bandas organizadas los emplean como sicarios adolescentes, matando a guerrilleros de izquierdas, pero también a miembros de bandas enemigas o a competidores en el tráfico de drogas. Los aparatos de seguridad reaccionan a este nivel extremo de violencia organizada con graves violaciones de los derechos humanos (detenciones arbitrarias, torturas, fusilamientos, desapariciones forzadas). La consecuencia es una fuerte pérdida de confianza de la población hacia la policía y las fuerzas de seguridad del estado, especialmente, porque la mayoría de sus delitos no son perseguidos.

Falta de participación política (explicación con un enfoque en el poder)

Otra explicación es el descontento de la población por la falta de participación política. Las poblaciones indígenas y negras, en particular, sufren discriminación. Debido a su violenta historia, entre muchas personas la confianza en el estado y sus instituciones es muy baja.

Sociedad civil

En un primer nivel hay innumerables iniciativas de paz, grupos eclesiásticos, periodistas, académicos, activistas y ONG que trabajan por la paz. Algunos ejemplos son la Fundación para la Reconciliación, Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep)/Programa por la Paz (PPP), Defendamos la Paz, Fundación Escuelas de Paz y muchos más. Otras organizaciones apoyan proyectos de reinserción política y social de excombatientes, como el proyecto Vivascontamos de la Fundación Berghof y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Independientemente del proceso de paz, también hay esfuerzos bastante fructíferos para frenar la violencia cotidiana generalizada a nivel local. Por ejemplo, la violencia en algunos barrios de Medellín disminuyó drásticamente como resultado de un desarrollo urbano sensible al conflicto: la Comuna 13 era uno de los barrios más pobres de Medellín, con mayor proporción de desplazados internos, y uno de los lugares más violentos de Colombia en las décadas de 1990 y 2000. El barrio ha cambiado mucho en los últimos años gracias al movimiento del "urbanismo social", que contribuye a reducir la violencia con una planificación urbana integradora, descentralizada y creativa, que incluye inversiones en bibliotecas, escuelas, transporte público y teleférico para una movilidad segura. En Colombia existen numerosas iniciativas cívicas que movilizan a la población en favor de la paz, cuyas actividades están documentadas y son accesibles a través del Cinep

El acuerdo de paz entre el gobierno de Manuel Santos y las FARC puso fin a una de las guerras civiles más largas de América Latina. Sin embargo, el proceso de paz aún no ha concluido y no hay garantías de éxito. Otros grupos guerrilleros no forman parte del tratado. Desde la llegada al poder del presidente izquierdista Gustavo Petro, que también fue guerrillero, se han reanudado las negociaciones con el ELN. La violencia cotidiana, la represión por parte de las fuerzas del estado y la violencia de género siguen siendo generalizadas.

Los siguientes factores se consideran retos importantes para el éxito del proceso de paz:

• Desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes. Estos necesitan la seguridad de que no serán víctimas de actos de venganza (cientos han sido ya asesinados por paramilitares de derechas). Necesitan perspectivas políticas yeconómicas.
• Análisis crítico de los crímenes/Comisión de la Verdad/Indemnización a las víctimas
• Desarrollo de alternativas legales al cultivo de drogas y reforma agraria integral
• Perspectivas de futuro para millones de desplazados int